Tendiendo puentes entre Políticas Sociales y de Inclusión Productiva

Antecedentes

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha convocado en 2021 una Cumbre sobre Sistemas Alimentarios como parte de la Década de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para preparar la Cumbre se están organizando diálogos nacionales, regionales y globales para escuchar las voces de todas las partes implicadas en el funcionamiento de los sistemas alimentarios, ya provengan del mundo de los negocios, la política, la academia o, por supuesto, la agricultura y la zona rural.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) se han unido para contribuir a los diálogos previos a la cumbre que se están produciendo en América Latina y el Caribe. Las tres agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma están organizando tres seminarios web de alto nivel en mayo y junio sobre temas clave relacionados con los sistemas alimentarios de la región.

Desde hace años, el FIDA viene impulsando la investigación sobre la relación entre los programas de protección social y de inclusión productiva y los proyectos financiados en las áreas rurales con el objetivo de estrechar los lazos entre ellos. Para ello, encargó una serie de estudios en países estratégicos a la Universidad de los Andes y la FAO, los cuales se realizaron a través de alianzas con importantes centros de estudio y organizaciones de desarrollo como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), la Universidad de California en Riverside (UC-Riverside), la Universidad de California en Davis (UC-Davis), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y Desarrollo y Alimentación Sostenible, AC.

Esta investigación mostró que la coordinación entre ambos tipos de programas crea las condiciones más efectivas para que los hogares rurales pobres y en riesgo escapen de manera sostenible de la trampa de la pobreza y rompan su transmisión intergeneracional. La investigación demuestra los efectos sinérgicos entre este tipo de políticas públicas y el contexto institucional para su realización

Dada la profunda crisis que golpea a la región, los resultados de esta investigación salen a la luz en un contexto dramático que aumenta su relevancia. Inspirándose en las conclusiones de este trabajo, el taller de alto nivel va a debatir el papel de las intervenciones de protección social y desarrollo rural en el actual panorama socio-económico de América Latina, dominado por el impacto de la pandemia, y de las sinergias entre ellas.

Objetivos y contenido del seminario web

Aunque el comienzo del siglo XXI fue una buena época para América Latina y el Caribe, con un crecimiento económico sostenido que se tradujo en una importante reducción de las tasas de pobreza, la tendencia empezó a cambiar a partir de 2015 y el porcentaje de personas viviendo en condiciones de pobreza empezó a aumentar de nuevo hasta llegar a afectar en 2018 al 30,1% de la población (185 millones de personas).

El impacto de la COVID-19 ha empeorado estas cifras. Según datos del informe Panorama Social de América Latina 2020 de la CEPAL, en 2020 el porcentaje de personas viviendo en la pobreza pasó del 30,5% al 33,7%, y el de personas viviendo en pobreza extrema del 11,3% al 12,5%. Esto significa que, a final de 2020, había 209 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza en la región.

Si bien los programas de protección social han jugado un papel fundamental en la mitigación del impacto de la crisis, el gran aumento de la pobreza llama a pensar en ir más allá y buscar programas que permitan una salida de la pobreza de manera sostenible. Similarmente, el coronavirus ha expuesto la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios a las crisis (según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias –IFPRI–, la crisis ha privado del acceso a alimentos adecuados y nutritivos a 11 millones de personas), lo que deja claro la necesidad de promover una transformación rural sostenible e igualitaria.

En este contexto, una decisión de política pública muy relevante es cómo integrar las reformas en los programas de protección social con intervenciones agrícolas y rurales para beneficiar a los agricultores familiares y mejorar su resiliencia a las conmociones externas.

A pesar de que la crisis ha impactado más a los hogares urbanos que a los rurales, la pobreza y la inseguridad alimentaria sigue afectando a los últimos en mucha mayor proporción que a los primeros. Las tasas de pobreza rural doblan las de las ciudades y los programas estatales de redistribución de la riqueza llegan con más dificultad al campo. Los pobres invisibles de las zonas aisladas apenas tienen acceso a las medidas de protección social y otros recursos y servicios disponibles para la población urbana. Esas carencias afectan especialmente a los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Desde una perspectiva de recuperación del empleo, las pequeñas y medianas empresas rurales, incluyendo las agrícolas, son las que emplean de forma más intensiva a trabajadores no calificados, precisamente los más afectados por la pandemia. La agricultura familiar, además, es fuente de la mayor parte de alimentos que consumimos en la región. En algunos países, el porcentaje alcanza el 80%. Sin su decisiva contribución no es posible garantizar la seguridad alimentaria de nuestras sociedades.

En este sentido, poner a disposición de la población rural vulnerable latinoamericana y caribeña programas efectivos que mejoren su protección social y su inclusión productiva redundará no solo en su beneficio, sino en el del conjunto de las poblaciones de la región. El diseño de políticas sociales y de inclusión productiva que interactúen adecuadamente entre ellas, será clave para conseguir algunos objetivos fundamentales de desarrollo en este momento histórico de crisis y transición:

• Superar el impacto de la COVID-19 en América Latina y el Caribe.
• Reformar los sistemas alimentarios latinoamericanos y caribeños para alcanzar la seguridad alimentaria.
• Cumplir los ODS, especialmente, los dos primeros –y tal vez base de todos los demás–: erradicar el hambre y la pobreza extrema del planeta.

Nuestro objetivo es que el evento reúna a representantes políticos y expertos internacionales de alto nivel para discutir posibles reformas y sinergias entre los programas de protección social y desarrollo rural en la región. De esa discusión esperamos obtener pistas y posibles soluciones que permitan construir mejores sistemas alimentarios locales, nacionales y regionales.

El futuro de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas depende de ello.