Manuela Cuvi, oficial jurista de FAO: “Contar con marcos jurídicos sólidos es clave para un futuro mejor”

Desde su oficina en Santiago de Chile, Manuela Cuvi lidera el apoyo a los 33 países de América Latina y el Caribe en la creación y mejora de sus marcos jurídicos relacionados con la alimentación, la agricultura y la sostenibilidad. Con más de 10 años de experiencia en la región, destaca la importancia de la legislación como herramienta clave para garantizar derechos, fortalecer la gobernanza y promover sistemas agroalimentarios más resilientes e inclusivos. En esta entrevista, Cuvi detalla cómo la FAO combina conocimiento técnico, enfoque de derechos y buenas prácticas internacionales para acompañar a los gobiernos en la construcción de leyes que transforman la vida de las personas.

-¿Cómo define usted el papel del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la FAO en América Latina y el Caribe? ¿De qué manera su trabajo se vincula con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

La FAO tiene un centro de excelencia único en el sistema de las Naciones Unidas que proporciona asesoramiento jurídico a los países Miembros como parte de la asistencia técnica ofrecida por la Organización. Nuestro trabajo responde a las prioridades que los propios países definen y que se reflejan en los planes de trabajo de la FAO. Además, como legislar es una actividad eminentemente soberana, trabajamos con los países siempre a invitación y solicitud de sus gobiernos o parlamentos; nunca por iniciativa propia.

Trabajamos desde Roma, Santiago, Adís Abeba y diversos países del mundo. En mi caso, me encuentro en Chile desde hace 10 años y estoy a cargo del apoyo a los países de América Latina y el Caribe. Con el equipo basado en la Oficina Regional proporcionamos asistencia jurídica a los 33 países de la región para el desarrollo o mejora de sus marcos jurídicos, tal como constituciones, leyes o proyectos de ley, reglamentos, etc. en lo referido a la alimentación y la agricultura, en su sentido más amplio, como los entiende la FAO, es decir, incluyendo la pesca, la silvicultura, la biodiversidad, etc. Esto lo hacemos mediante un análisis integral, considerando el contexto nacional y también buscando experiencias en otros países que puedan ser útiles para el trabajo que estemos realizando, para así lograr buenos resultados que puedan implementarse en los países en que trabajamos.

Para ello, trabajamos codo a codo con abogadas y abogados nacionales, precisamente porque cada propuesta normativa debe formularse con un entendimiento profundo del contexto político, jurídico, social y cultural del país. Asimismo, siempre colaboramos estrechamente con los equipos técnicos de la FAO en la sede, la Oficina Regional, las oficinas subregionales y las oficinas nacionales, para garantizar que el trabajo esté alineado con los desafíos y prioridades estratégicas de cada país.

Una colaboración que es importante destacar es la que llevamos a cabo con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, una red plural de legisladores que, con el apoyo de la Cooperación española   – FAO, está presente en 21 países de la región, y trabaja para responder al compromiso Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre.

Creemos firmemente que la legislación, bien diseñada e implementada, es una herramienta esencial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ponemos énfasis no sólo en el resultado, sino también en el proceso de su creación. Por ello, nuestro trabajo tiene una dimensión técnica, jurídica y también profundamente humana: aplicamos un enfoque basado en los derechos humanos porque al final del día las leyes y las instituciones deben estar al servicio de las personas.

Nuestra labor también implica generar y compartir conocimientos. Esto lo hacemos a través de la base de datos FAOLEX, que ofrece acceso gratuito a más de 100 000 registros de legislación nacional. Además, promovemos el fortalecimiento de capacidades a través de talleres y capacitaciones dirigidas a parlamentarios y parlamentarias, funcionarios de gobierno, sociedad civil, entre otros actores clave, así como mediante cursos en línea, disponibles en FAO Campus.

-En el marco de los 80 años de la FAO, ¿cómo evaluaría el impacto del acompañamiento jurídico que la Organización ha brindado a los países de América Latina y el Caribe? ¿Hay hitos o transformaciones que destacaría especialmente?

Desde su establecimiento en 1979, la oficina legal  ha sido parte de importantes procesos de transformación de los marcos jurídicos de los países Miembros de la FAO, así como de la construcción de instrumentos normativos a nivel global como las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, el Código de Conducta para la Pesca Responsable o el Código de Conducta Voluntario para la Reducción de las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, este último, promovido gracias a la iniciativa de países de nuestra región.

Hay ciertas transformaciones que es posible destacar, como las reformas llevadas a cabo para reconocer el derecho humano a la alimentación adecuada en las constituciones y leyes. Esto se inicia en Brasil y continua en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Cuba, y más recientemente la República Dominicana, Colombia y México, por mencionar algunos. El reconocimiento de este derecho implica una transformación desde enfoques asistencialistas a enfoques que empoderan a las personas y las dignifican, donde la alimentación deja de ser un privilegio de unos pocos y se reconoce como un derecho de todas y todos.

Entre los hitos legislativos también destacan las leyes sobre alimentación y nutrición escolar en Ecuador y la República Dominicana, la promoción de las compras a la agricultura familiar en Colombia y Paraguay, las leyes de mujeres rurales, como la de Colombia, las leyes de etiquetados de advertencia de alimentos de Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, siguiendo el modelo de Chile, y las leyes para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, como las de Colombia y Perú.

Además, hemos prestado asistencia a parlamentos regionales y subregionales como el Parlatino, Parlandino, Foprel, Parlasur y ParlAméricas con leyes sobre derecho a la alimentación adecuada, agricultura familiar, pesca a pequeña escala, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional, sistemas comunitarios de agua y saneamiento, reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, cooperativas agroalimentarias, promoción de la agroecología, entre otras.

Actualmente estamos apoyando procesos legislativos centrados en promover el acceso a dietas saludables que son aquellas que promueven la salud, el crecimiento y el desarrollo, apoyan los estilos de vida activos, previenen deficiencias y excesos de nutrientes, enfermedades transmisibles y no transmisibles (ENT), enfermedades transmitidas por alimentos y promueven el bienestar general. Para ello, es necesario legislar en términos amplios, considerando los distintos elementos de los sistemas agroalimentarios que pueden contribuir a mejorar el acceso a estas dietas, desde la producción al consumo.

-Desde su experiencia, ¿por qué es clave para los Gobiernos el respaldo técnico de una Agencia Especializada de ONU, como la FAO, para avanzar en temas como el derecho a la alimentación adecuada, la gobernanza de la tierra o la gestión sostenible de los recursos naturales?

Los Estados son plenamente soberanos para legislar, pero muchas veces enfrentan desafíos técnicos, políticos o institucionales en la elaboración de normativas que sean eficaces, inclusivas y sostenibles. En ese contexto, la asistencia técnica-jurídica de una agencia especializada como la FAO puede marcar una diferencia.

Desde el Servicio de Derecho para el Desarrollo, nuestra labor se distingue por una metodología rigurosa, proporcionada por expertas y expertos, con enfoque de derechos, sensible al género, con procesos participativos, formulada a la medida y flexible. A menudo, los gobiernos o los parlamentos solicitan nuestro acompañamiento en procesos de revisión o formulación de normativas, buscando información confiable y una propuesta adaptada a su contexto como país. Confían en que la FAO no solo provee conocimientos técnicos, sino también una perspectiva neutral e imparcial, basada en las obligaciones internacionales, y donde pueden beneficiarse de ejemplos y buenas prácticas de otros países, en la medida en que ellos sean pertinentes, y que ponemos a su disposición.

Esto no sólo representa una oportunidad para los países desde el punto de vista del resultado, sino también para lograr procesos legislativos exitosos, donde la FAO facilita los consensos porque nuestras propuestas son el resultado de procesos participativos y están basadas en evidencia.

En definitiva, el acompañamiento de la oficina jurídica, como parte de los equipos de la FAO que asisten a los países, les permite contar con marcos jurídicos alineados con los compromisos que han suscrito en el plano internacional y adaptados a sus prioridades nacionales. Contar con marcos jurídicos fortalecidos es fundamental para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, resilientes e inclusivos, y así lograr los resultados que todos y todas necesitan.

Haciendo la conexión con el Marco Estratégico de la FAO que aspira a logra una Mejor Producción, Mejor Nutrición, Mejor Ambiente y una Vida Mejor, consideramos que contar con una Mejor Legislación también es necesario para un futuro mejor.